El intenso trabajo y presión de LA UNIÓ de Llauradors logra solucionar finalmente el problema de las quemas agrícolas

LA UNIO - 13 May, 2022
  • 1088
  • 0

La organización seguirá insistiendo para que los restos de poda se consideren como un subproducto que se gestiona en la misma explotación y no como un residuo

Las intensas gestiones y la presión por parte de LA UNIÓ de Llauradors a lo largo de las últimas semanas ante Gobierno Central y Generalitat ha dado sus frutos y finalmente la Conselleria de Agricultura, a través de la Dirección General de Prevención de Incendios, ha emitido una nota interpretativa por la cual se permiten las quemas agrícolas en la Comunitat Valenciana como hasta la fecha, dejando sin efecto en materia de gestión de los restos agrícolas la nueva Ley de ámbito estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

De este modo, las entidades locales que cuenten con un Plan Local de Quemas aprobado, o un instrumento de planificación aprobado para la ordenación de la actividad de quema de restos agrícolas en su municipio, les será de aplicación la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2022 de 8 de abril, por lo que dichos municipios podrán continuar con dicha actividad de la misma forma que lo estaban realizando antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, mientras no se dicte resolución en contra. En esa Disposición se indica que “Las comunidades autónomas adaptarán a lo establecido en esta ley y las autorizaciones y comunicaciones de las instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes y comunicaciones que se hayan presentado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, en el plazo de tres años desde esa fecha.”

Las solicitudes de aprobación de Plan Local de Quemas presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2022 se tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud, de acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2022.

Para el caso de entidades locales que no cuenten con un Plan Local de Quemas aprobado, las actividades de quema de residuos agrícolas o forestales autorizadas en base a la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2022, seguirán siendo válidas y se podrán realizar hasta que finalice el plazo de eficacia de estas, con los límites y condiciones establecidos en la normativa de prevención de incendios forestales.

Cabe señalar que, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios (una cuestión totalmente asumida por los agricultores) y por ello quedaban ya pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica. En este sentido, había localidades de la Comunitat Valenciana que se estaban acogiendo a esa supuesta prohibición de las quemas de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras sí las estaban autorizando y así LA UNIÓ solicita a los ayuntamientos que habían retirado las autorizaciones para la gestión de los restos de poda que las reactiven de forma urgente.

La organización agraria ya había insistido en establecer un periodo de transición y adaptación mediante el cual se realizara un debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo.

LA UNIÓ seguirá trabajando ahora para que se reconozca que los restos de poda agrícola son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta. De este modo, LA UNIÓ insistirá en suprimir el artículo 27.3 de la Ley de residuos y suelos contaminados por no ajustarse a la realidad.

En este sentido, Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que “vamos a seguir vigilantes con todas las normativas que afecten a nuestro sector y nos mantendremos inflexibles con medidas que entorpecen el día a día de nuestra actividad agraria. Hay que negociar y dialogar antes de imponer y trabajar de una forma más coordinada”.