La Unió Llauradora i Ramadera ha trasladado a la Dirección General de Prevención de Incendios sus observaciones a la propuesta de resolución que regulará el uso de maquinaria agrícola en zonas de influencia forestal durante la campaña de cosecha 2026.

La organización agraria comparte plenamente el objetivo de reforzar la prevención de incendios forestales, pero considera necesario que las medidas sean proporcionadas, técnicamente viables y adaptadas a la realidad productiva valenciana.

Entre las principales propuestas presentadas destaca la necesidad de limitar el ámbito de aplicación de las restricciones a las actividades con riesgo real de ignición, excluyendo expresamente la cosecha del arroz, al no presentar las mismas condiciones de riesgo que el cereal seco.

LA UNIÓ también apuesta por modernizar el sistema preventivo mediante herramientas digitales inteligentes que sustituyan las comunicaciones telefónicas previas, consideradas inviables en un sector caracterizado por parcelas pequeñas, elevada fragmentación y cambios constantes en la operativa diaria. En este sentido, la organización propone una plataforma tecnológica integrada con geolocalización, niveles de preemergencia y alertas automáticas, siguiendo experiencias ya existentes como el sistema QUEPAR utilizado en la gestión de quemas agrícolas.

Respecto al nivel rojo de preemergencia, LA UNIÓ considera desproporcionada la paralización total de la cosecha durante toda la jornada y plantea un modelo reforzado similar al nivel naranja, con limitaciones horarias entre las 12 y las 18 horas.

Otra de las medidas cuestionadas es la obligación del denominado “tractor observador”. La organización considera que traslada impropiamente funciones de primera intervención a agricultores y contratistas, con unos costes inasumibles para muchas explotaciones cerealistas valencianas. También se reclama flexibilizar la obligación de labor perimetral de 9 metros tras la cosecha, especialmente en parcelas reducidas, donde esta exigencia puede llegar a afectar prácticamente toda la superficie cultivada y generar problemas con compromisos vinculados a la PAC.

LA UNIÓ defiende igualmente que la implantación del nuevo sistema preventivo debería ir acompañada de un periodo transitorio durante la campaña 2026 y de líneas específicas de ayuda pública para adaptar la maquinaria y compensar los sobrecostes derivados de las nuevas exigencias.

La organización recuerda que la agricultura profesional activa constituye una parte esencial de la prevención estructural de incendios, ya que mantiene el territorio gestionado, evita el abandono y reduce la continuidad del combustible vegetal.