La Unió Llauradora i Ramadera manifiesta que los productos agrarios ecológicos valencianos y españoles cumplen de forma escrupulosa con las normas europeas establecidas para el sector. Desde el 1 de enero de 2022, el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece las normas de producción ecológica y de etiquetado de los productos ecológicos, así como de comercialización de los mismos, en todos los estados miembros.

El sistema de certificación ecológica de la Unión Europea tiene los estándares más altos y reconocidos del mundo, cosa que no sucede con las producciones procedentes de las importaciones de terceros países.

La exministra francesa, Ségolène Royal, declaró hace unos días en una televisión que los productos ecológicos españoles eran falsos y que las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas y no deberían estar en los lineales de aquel país, sin aportar ningún tipo de prueba en relación a estas denuncias.

Ante tales infundios vertidos por esta política francesa, LA UNIÓ responde con total rotundidad que son totalmente “falsas dichas declaraciones” y habría que saber a que obedecen si es por “desinformación o por alguna circunstancia que se nos escapa”.  

“No se puede manchar con unas afirmaciones tan desafortunadas la reputación de la certificación pública ecológica en España y el trabajo denodado de miles de personas agricultoras que apostaron y siguen apostando por este método de producción”, señala LA UNIÓ.

La propia Agence BIO, organismo público francés encargado del desarrollo y la promoción de los productos ecológicos, ha señalado al respecto que "un producto agrícola o transformado tiene el sello bio si cumple escrupulosamente las reglas establecidas por las normas europeas para el sector".

"Venga de Francia, de España o de otros países europeos, un producto con etiqueta bio es bio, sin productos químicos sintéticos, organismos genéticamente modificados, sin colorantes, aromas químicos sintéticos ni modificadores de gusto", agregó el organismo, encargado de informar sobre la reglamentación europea en el sector.

En Francia además los productos ecológicos están controlados por certificadoras privadas sin vínculo con el sector, mientras que en la Comunitat Valenciana y en buena parte de las comunidades autónomas la certificación es pública a través de un  sistema garante, transparente y participado por el propio sector. Royal debería por tanto informarse antes de lanzar estos mensajes.

LA UNIÓ hace un llamamiento al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, para que condenen este tipo de declaraciones que tanto perjudican a la producción ecológica valenciana y trasladen la queja ante el Gobierno francés y la Unión Europea.