Una "segunda oportunidad" para el agricultor

LA UNIO - 05 Dec, 2023

Los agricultores puedan acogerse a los mecanismos exoneratorios de deuda

* Vicent R. Estruch Estruch. ESTRUCH ABOGADOS Y CONSULTORES

Desde siempre, se ha asociado el trabajo del agricultor al sacrificio personal, humano, en casi todas sus facetas, con el fin de salvar el proyecto, la finca o la cosecha del año.

Muchos de vosotros recordareis, por ejemplo, que esa obsesión por salvar la cosecha arrastraba al agricultor incluso a pedir créditos a los bancos, hipotecar su vivienda habitual, pedir dinero prestado a terceros, o cualquier otro mecanismo que les facilitara la obtención de la solvencia necesaria para sacar adelante su negocio.

Y también recordareis que, muchos de esos agricultores, acabaron arruinados por haber confiado todo o parte de su patrimonio en una apuesta por una nueva variedad de naranja que, finalmente, no prosperó, o por una inversión en una finca agrícola que no dio los rendimientos esperados.

Hasta hace pocos años, las soluciones a estas situaciones eran limitadas. El agricultor estaba abocado a cubrir, con sus propios recursos, el déficit de su fracaso. Incluso, mal aconsejados, se veían obligados a permanecer en una especie de insolvencia voluntaria, con el fin de que los acreedores no pudieran ver satisfechas sus deudas.

Afortunadamente, desde hace unos años, el panorama jurídico para proteger al agricultor de estas situaciones ha cambiado, y, hoy en día, el ordenamiento jurídico español posee recursos y soluciones para proteger su negocio, y su patrimonio personal.

Una de esas soluciones novedosas es lo que ha venido a denominarse la “Ley de la Segunda Oportunidad”, que en realidad se corresponde con un procedimiento que se reguló inicialmente en la Ley 25/2015, de 28 de julio, denominada “de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social”, la cual no tuvo mucho éxito por las elevadas exigencias de los requisitos que establecía la Ley, difícilmente alcanzables por la mayoría de los afectados.

Ahora, con la experiencia del fracaso de aquella primera Ley, la regulación, sistematización y procedimiento del mecanismo de la Segunda Oportunidad lo encontramos en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, “de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)”.

Con independencia del nombre más o menos ampuloso de la Ley, lo más importante es que ésta ha sistematizado claramente los requisitos legales que se exigen, y ha establecido un procedimiento al que se pueden acoger todos los afectados, y empieza a dar resultados.

La nueva regulación permite que el deudor pueda acogerse a un plan de pagos (de entre 3 y 5 años de duración) o a la liquidación de su patrimonio (aun siendo inferior al volumen de la deuda), para acogerse a la “exoneración del pasivo insatisfecho” (la condonación de la deuda y la oportunidad de volver a empezar de nuevo).

Es importante saber que no todas las deudas se condonan, se “perdonan”. Por ello, aconsejamos que el agricultor afectado se asesore con un buen profesional antes de tomar la decisión de solicitar la “segunda oportunidad”.

Por otra parte, hay una serie de requisitos que establece la propia Ley, para que pueda prosperar la exoneración o condonación judicial de la deuda. Con carácter general son los siguientes:

a) Puede acogerse a la solicitud de exoneración cualquier persona natural (física), sea o no sea empresario.

b) Debe ser deudor de buena fe. Se entiende que es de buena fe cuando, entre otros, y con carácter general:

   b.1) cuando el deudor hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, aun suspendidas o sustituidas, por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores;

   b.2) hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad;

   b.3) Cuando el concurso haya sido declarado culpable;

   b.4) Cuando haya incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y de la administración concursal;

   b.5) Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones.

No obstante, es importante resaltar que la exoneración o la condonación no alcanza a la totalidad de las deudas, puesto que se establecen excepciones por el origen o naturaleza de estas que deberán ser analizadas en el caso concreto por el profesional jurídico al que haya acudido el deudor. Entre dichas excepciones podemos destacar:

  1. a) deudas por pensión de alimentos;
  2. b) deudas no cubiertas por los seguros de responsabilidad civil;
  3. c) deudas generadas ante la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, que solo serán exonerables hasta un máximo de 10.000 euros.

Una vez solicitado el mecanismo de la segunda oportunidad, haberse tramitado el procedimiento y haber obtenido la exoneración deseada, ¿cuáles serían los efectos de dicha exoneración de la deuda?

El principal efecto es de la extinción de los créditos del deudor y ello tiene como consecuencia directa que los acreedores no pueden ejercer ningún tipo de acción frente al deudor para cobrar su crédito.

La exoneración de la deuda no alcanza a los bienes conyugales comunes, ni al cónyuge. Es decir que, si hay una deuda originaria común, el acreedor podrá accionar contra la sociedad de gananciales o contra el cónyuge que no se haya acogido a la segunda oportunidad.

La exoneración de la deuda no alcanza a los avalistas o fiadores del deudor, y, por tanto, el acreedor podrá reclamarles directamente a ellos, ante la imposibilidad de hacerlo contra el deudor principal.

Finalmente, hay que indicar que la resolución judicial que apruebe la exoneración de la deuda deberá incorporar un mandamiento a los acreedores afectados para que comuniquen la exoneración a los sistemas de información crediticia (RAI, ASNEF, etc.) para que actualicen debidamente sus registros.

Como se deduce de la lectura del artículo, con las mejoras introducidas en la reforma de la Ley Concursal de septiembre de 2022, el agricultor con dificultades financieras tiene la posibilidad de acogerse a los mecanismos denominados “de segunda oportunidad”, bien para aliviar su situación económica (mediante la concreción de planes de pagos con sus acreedores), bien para solicitar la exoneración parcial o total de la deuda, y otros beneficios derivados de la solicitud (cancelación de los datos del deudor incluidos en los ficheros de morosos, por ejemplo, tal y como hemos dicho, entre otros).

La UNIÓ, en colaboración con el Despacho ESTRUCH ABOGADOS Y CONSULTORES, consideramos de vital importancia la divulgación de esta información para que los agricultores puedan acogerse a los mecanismos exoneratorios de deuda que hemos explicado, en el caso de que lo consideren pertinente, debiendo buscar siempre el consejo y asesoramiento de un buen equipo de profesionales expertos en la materia.